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jueves, 21 de octubre de 2010

Tensiones en el FA: Interpretación de la Ley de Caducidad

imagen del contenido Tensiones en el FA: Interpretación de la Ley de CaducidadLas posturas contrarias a la aprobación del proyecto  que ha circulado con mayor fuerza en la prensa corresponden a dos senadores de origen blanco, el ex vicepresidente de la república Rodolfo Nin Novia de la Alianza Progresista y el senador Jorge Saravia del espacio 609. Por otro lado el líder del MLN y del MPP Julio Marenales también se pronunció muy claramente en una nota publicada en el portal en Internet del MPP.
“La única forma de eliminar esa ley, es mediante el voto de la gente, por tanto habría que buscar un mecanismo para que la ciudadanía vuelva a expresar su opinión y decida si se deroga o no", dijo Rodolfo Nin Novoa y agregó que este proyecto interpretativo "es como saltarse a la torera" (pasar por alto, desobedecer) una pronunciación del pueblo que se realizó en dos oportunidades.
"Creo que el Frente Amplio mata a la democracia directa del referéndum. ¿Cómo le vamos a pedir a la gente que firme para derogar una ley si después los legisladores revierten la decisión?", se preguntó.
Y en CX30 Radio Nacional declaró: "Hay que respetar la decisión del soberano, más allá de que estemos en contra de la Ley de Caducidad”. El senador del FA enfatizó que "la única forma de eliminar esa ley, es mediante el voto de la gente, por tanto habría que buscar un mecanismo para que la ciudadanía vuelva a expresar su opinión y decida si se deroga o no esa ley".
Por su lado el Senador Jorge Saravia del movimiento Masoller integrante de la 609 reafirmó en declaraciones a la prensa que no votará la ley interpretativa porque "hay una decisión superior, que es la decisión del pueblo. Por encima de la decisión del pueblo no hay ninguna decisión partidaria", aclaró. Incluso adelantó que “no va acatar” el mandato de la Mesa Política del Frente Amplio a sus legisladores para votar la Ley.
 "Vamos a entrar en sala y a votar en contra de la decisión del partido. Entendemos que hay una decisión superior, que es la decisión del pueblo y que tomó por dos veces. Por encima de la decisión del pueblo no hay ninguna decisión partidaria. Por eso vamos a votar en contra".
Saravia dijo que "en la política, es un ámbito de tomar decisiones. Nuestro sector político tomó una decisión y ya está decidido. No vamos a ir para atrás. Para nosotros está primero lo que decidió el pueblo uruguayo antes que cualquier decisión partidaria. Los partidos son herramientas a favor de la gente y no al revés".
Preguntado sobre las consecuencias de su decisión declaró que "si se da el debate y la discusión -que se va a dar- estamos dispuestos a darlo en cualquier ámbito porque creemos que estamos defendiendo los intereses de la gente y la Constitución de la República. También los principios básicos del Frente Amplio que siempre dijo que primero está la democracia participativa y no la democracia burguesa parlamentaria".
Una hipótesis que se manejó es que el senador Nin Novoa no entre en sala en el momento de la votación y su suplente el ex diputado por el departamento de Cerro Largo Gustavo Guarino, que si votaría la Ley. En el caso de Saravía descartó incluso esa posibilidad. De todas maneras la dirección nacional de la Alianza Progresista se reunirá este fin de semana para fijar la posición del sector.
Julio Marenales uno de los principales dirigentes del MLN y del MPP en una columna publicada en el portal del MPPwww.mpp.org.uy  escribe “En el caso particular nuestro, por si alguien se confunde, diremos que dimos nuestro total apoyo al plebiscito. Y en el momento de la junta de firmas hicimos un aporte de cierto relieve cuando el posteriormente candidato a presidente, compañero Pepe Mujica, estampó su firma para la convocatoria al plebiscito. Luego en el mismo, nosotros ensobramos, una por una las listas electorales con las papeletas blancas y rosadas. Decimos todo esto porque queremos dejar sentada nuestra total discrepancia con la propuesta de que el parlamento dirima esta cuestión”
“Entonces nosotros mismos no podemos entrar en contradicción, negando un veredicto popular. En una sociedad y Estado verticalista, la única posibilidad que existe para que el conjunto social pueda emitir opinión como son los plebiscitos, no puede ser desconocida por nosotros porque el resultado nos haya sido desfavorable” agrega Marenales.
Sobre la votación de sus legisladores concluye el dirigente del MPP “Eso es lo que pensamos y siempre nos parece importante manifestarlo, sin embargo, como en todos los temas que hacen a la discusión y decisión en el seno del Frente Amplio, también nos parece significativo remarcar que acataremos y respetaremos lo que éste resuelva.”
Dentro de las diferencias y matices con la Ley, la agrupación La Corriente de Acción y Pensamiento – Libertad CAP-L liderada por el senador Eleuterio Fernández Huidobro declaró que discrepaba con el procedimiento. El diputado Carlos Gamou opinó en CX 16 Radio Carve, que apoyará la Ley Interpretativa de la Caducidad de la Pretension Punitiva del Estado, pese a discrepar con el procedimiento.
La mesa política del Frente Amplio resolvió que el voto a favor de la Ley por parte de los legisladores del sector es obligatoria.
El artículo  23º de los estatutos vigentes del Frente Amplio establece: “a) OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES.- Las decisiones de los órganos del Frente Amplio adoptadas dentro de sus competencias y con sujección a los requisitos formales establecidos en el presente Estatuto y los reglamentos respectivos, serán obligatorias dentro de la respectiva jurisdicción, para todos los sectores y adherentes del Frente Amplio”
Mientras que en su artículo 21º  “a) La libertad de acción será autorizada previa solicitud fundamentada por un miembro del Plenario Nacional por acuerdo de 4/5  de sus componentes.b) La libertad de acción podrá ser concedida siempre que no violente los principios del Frente Amplio y provoque consecuencias contradictorias en la puesta en práctica de las decisiones de la mayoría.”
Y en el artículo 22º se agrega “Cuando un sector se considere afectado política o filosóficamente, ante una resolución de los organismos de dirección nacional, podrá solicitar la opción de no participar en los actos previstos. manteniendo total abstención en acciones que se relacionen con dicha resolución.
Será competencia exclusiva del Plenario Nacional, que tomará resolución por mayoría calificada (4/5)”
El frente Amplio se encuentra en esas particulares situaciones políticas en que “hagas lo que hagas la pagarás”. Si vota la Ley invalida los plebiscitos que han sido uno de los principales instrumentos políticos de la izquierda uruguaya.
Será muy difícil o deberá pasar mucho tiempo para que la ciudadanía pueda aceptar que la inviten a respaldar con su firma y luego con su voto la convocatoria a una expresión de democracia directa. Más allá de las interpretaciones está claro que en dos oportunidades y convocados por la izquierda la ciudadanía se pronunció sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del estado, que ahora se interpreta con la nueva Ley.
Por otro lado si dos o más de sus senadores no votan la Ley y por lo tanto está no sale aprobada sufrirá un duro embate de los sectores tradicionales de la izquierda vinculados a la defensa de los derechos humanos.
Y también herirá un factor muy importante: la disciplina de sus legisladores. Si se perfora ese mecanismo que funcionó perfectamente durante el primer gobierno del Frente Amplio. La composición actual de la bancada augura un periodo realmente agitado para el actual gobierno.
Por otro lado los mecanismos previstos en los Estatutos del Frente Amplio para estos casos establecen que “El control disciplinario y estatutario de los frenteamplistas competerá al Plenario Nacional, actuando conforme a lo establecido en el Acuerdo Político.”“b) El mismo actuará en este terreno a propuesta de un Tribunal de Conducta Política, que será designado por el Plenario Nacional por mayoría calificada.c) El Tribunal actuando de oficio o ante solicitud de una Coordinadora, Departamental o grupo político estudiará las posibles violaciones del estatuto, desarreglos en la conducta política o ética, violaciones a lo establecido en el apartado V del Acuerdo Político o a las normas de conducta definidas para los frenteamplistas que ocupen cargos políticos de confianza o de gobierno según se establece en las normas vigentes. Elevará al Plenario Nacional sus conclusiones debiendo este adoptar decisiones, por 9/10 de sus miembros”
Muy difícilmente se podrá adoptar alguna sanción en estas condiciones, todo se definirá a nivel político.

Florencio Luzardo

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